STUDIA ET

DOCUMENTA

RIVISTA DELL’ISTITUTO STORICO

SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ

VOL. 14 - 2020

ISTITUTO STORICO SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ - ROMA

Studia et Documenta

Rivista dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá

Pubblicazione annuale

Volume 14, 2020

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(Ist. Storico S. Josemaría Escrivá, Italia)

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La España de los años cuarenta: contexto político, social, religioso y cultural

JULIO MONTERO-DÍAZ

Abstract: La Guerra Civil concluyó con la derrota militar de un bando, sin acuerdos. El país estaba económicamente destrozado. En muy amplia medida, la contienda supuso el triunfo de principios culturales y sociales propios de los diversos tradicionalismos anteriores a la Segunda República. Durante estos años se forja la generación que asumirá el poder a partir de los años cincuenta. El estrecho marco de libertades eliminó propiamente la lucha política. En su vertiente positiva, representó la reconstrucción de España en todos sus órdenes; en negativo, la fuerte represión y “limpieza” del bando derrotado.

Keywords: Represión – Jerarquía eclesiástica – Falange – Tradicionalistas – Monárquicos – Reconstrucción – Universidad – Práctica religiosa – España – 1940-1950

Spain in the 1940s: Political, Social, Religious and Cultural Context: The Civil War concluded with the military defeat of one side, with no agreements. The country was economically devastated. To a very large extent, the conflict led to the triumph of cultural and social principles typical of the various traditionalisms that existed before the Second Republic. During those years, the generation that would take power from the 1950s onwards was forged. The narrow framework of freedom effectively eliminated political struggle. On the positive side, it represented the reconstruction of Spain in all its aspects; on the negative side, it represented the strong repression and “cleansing” of the defeated side.

Keywords: Repression – Church hierarchy – Falange – Traditionalists – Monarchists – Reconstruction – University – Religious practice – Spain – 1940-1950

Enfrentarse a la tarea de ofrecer un marco general a este número monográfico[1] entrañaba una dificultad no prevista inicialmente. En general, los artículos que componen el monográfico presentaban “narraciones de éxito” en diversa medida: la formación primera de las mujeres de la Obra, la primera institucionalización del gobierno del Opus Dei, los inicios de los apostolados fuera de España; la ordenación de las primeras promociones de sacerdotes; las relaciones de san Josemaría con los obispos españoles de entonces; etc. Puede decirse que todos estos relatos históricos sobre los aún comienzos de la Obra implicaban una cierta tonalidad épica y en consecuencia positiva: los inicios diversos de un éxito en términos amplios a pesar de las dificultades. Mientras tanto el contexto español –en lo político, cultural, social e incluso religioso en algunos aspectos– podía definirse como negro o muy, muy, gris obscuro.

Algunos rasgos del contexto ayudarán a entender mejor el esfuerzo suplementario constante que supuso durante los años cuarenta en España realizar tareas absolutamente normales en otras épocas o lugares. Tanto más excepcionales cuanto más cerca se sitúen de los inicios de la década. Las limitaciones materiales (que hay que situar en el nivel del hambre) y en el ejercicio de derechos elementales (la simple posibilidad de moverse por el país y más aún salir de él), el ordenamiento civil (por la puesta en vigor del viejo Código Civil de 1889), el ardor político-patriótico desde el que se juzgaba cualquier acontecimiento por elemental y ajeno a esa esfera que estuviera (desde los cantos de himnos obligados en los actos públicos, a las acusaciones de ser antipatriota que se revelaban como gravísimas aunque se refirieran a minucias)… supusieron fuertes trabas a lo que hoy se entiende como vida normal. Las personas del Opus Dei tuvieron que echar mano de los mismos recursos que sus iguales empleaban para superar iguales inconvenientes.

Hay que subrayar aquí que la necesidad de expandir el Opus Dei por España convertía en muy habituales los viajes por la península, acciones que eran bastante excepcionales para el resto de las gentes de su misma situación económica y social. Y no digamos los viajes a Roma para tramitar allí aspectos de la definición jurídica de la Obra. Bastará pensar que, según un destacado personaje, a mediados de los años cuarenta, cuando alguien iba a París, Berlín o Roma, a su regreso, la narración del viaje y de lo que allí se hubiera visto o vivido constituía una experiencia similar al relato actual de un viaje espacial.

Por otra parte, España era más homogénea que en la actualidad: vivir en la capital suponía pocas ventajas. Madrid, Barcelona y Valencia estuvieron en manos republicanas hasta casi el fin de la contienda. Fueron bombardeadas por aire y tierra. Los efectos se notaban de modo patente. Bastaba con mirar por las calles: había casas destrozadas literalmente por las bombas; otras por su utilización como acuartelamiento de tropas y usos circunstanciales para sindicatos en pie de guerra, grupos de hombres armados, almacenes de material bélico o no, etc. Luego estaban los edificios confiscados y gestionados por grupos diversos revolucionarios: desde iglesias a hoteles; de periódicos a cines… Ciudades como Valladolid, Burgos, Salamanca, Sevilla, o Granada conocieron una gloria relativa. En ellas no hubo destrozos materiales, se mantuvo el orden y en dos de ellas se estableció, además, la capital de los franquistas.

El simple abastecimiento propio para evitar el hambre, en las residencias del Opus Dei y en las actividades formativas inevitablemente frecuentes por el crecimiento en miembros, exigió organizar y atender granjas en algunas casas de retiro. En fin, la normalidad en la década de los cuarenta en España tuvo muy poco que ver con lo que hoy (más de setenta años después) significa ese término. Por ejemplo, las conversaciones telefónicas eran posibles, pero difíciles (no había teléfono en muchas casas particulares) y desde luego rarísimamente inmediatas y posiblemente intervenidas. El correo postal viajaba a la velocidad de los ferrocarriles y las urgencias se resolvían mediante telegramas breves y caros. La organización de un viaje dejaba necesariamente muchísimas cosas al azar por la simple imposibilidad de asegurar que fueran a estar algunas de las personas a las que se quería visitar. Conseguir billetes de tren no era complicado, salvo el sacrificio económico, pero lograr un asiento no siempre era posible. Y pasar toda una noche en trenes llenos, con asientos construidos con listones de madera, resultaría en nuestro mundo de confort casi una forma de tortura.

Y las mujeres del Opus Dei lo tenían al menos tan complicado como sus iguales. Las menores de veinticinco años dependían de su padre hasta que se casaban. La dependencia no era teórica: no podían viajar sin su licencia (art. 321 del Código Civil de 1889). Al casarse ya pasaban a depender del marido: debían vivir donde él viviera (art. 57), él administraba sus bienes si los tuviera (art. 59), era su representante legal (art. 60), era necesaria su autorización para cualquier gestión económica o administrativa (art. 61)… En fin, resultaba difícil vivir con autonomía fuera del hogar. Incluso tener alguna autonomía. Y ante unas exigencias que ponían por delante su independencia como adultas plenas, en un contexto en que sólo el matrimonio, el convento, o las obras de caridad organizadas conformaban el paisaje de aspiraciones femeninas, las mujeres de la Obra tuvieron, además, que construir una nueva normalidad. Un añadido más a sus comienzos.

Por último, hay que señalar otra limitación: no se ha pretendido un análisis detallado de las diversas familias políticas del régimen. Apenas tienen interés ahora que el franquismo se entiende como entidad mas “maciza” de lo que fue en realidad. Sólo se hacen las distinciones estrictamente necesarias para entender algunas de las aportaciones del monográfico. Por eso se atiende más a Falange y la militancia política católica vinculada a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (desde ahora ACN de P).

LOS AÑOS CUARENTA: REPRESIÓN, MIEDO

Y PROVISIONALIDAD POLÍTICA

A lo largo de los años cuarenta, la vida en España se pareció material y externamente más a la que se había vivido en la primera década de los treinta, que a la que se viviría desde los cincuenta. Incluso las variables económicas y demográficas empeoraron por la guerra y se necesitaron esos diez años para recuperar en muchos casos los niveles de 1930. Esa continuidad entre los años treinta y los cuarenta se manifiesta de otro modo en el mundo de la cultura y de la ciencia: con las limitaciones que supuso el exilio o la liquidación de los enemigos del régimen. Continuaron las corrientes intelectuales del primer tercio de siglo que triunfaron en la guerra y se adaptaron iniciativas de otro signo a las nuevas circunstancias. Los autores más relevantes fueron los tradicionalistas que ya vivían en España en 1930. Este triunfo de la España tradicional e integrista redujo al mínimo el debate, y la creatividad hubo de moverse en un margen muy estrecho. No se exigía la defensa de la causa triunfadora en la guerra, pero se prohibía cualquier género de oposición. La generación que ocupó físicamente las trincheras necesitó esa década para completar una educación o una evolución intelectual interrumpida por el conflicto salvo muy contadas excepciones. Hasta en el cine y en la cultura popular se mantuvieron los mismos estilos y (de nuevo) los autores que no se vieron obligados a huir.

La Guerra Civil estuvo presente durante los años cuarenta. Con una intensidad especialmente notable hasta 1942 (quizá hasta 1945). Su dureza, sus víctimas –ausencias, muertos y mutilados– y el carácter trágico de las limpiezas de las retaguardias, conformaron el trauma nacional. Mudo por el triunfalismo de los vencedores, marcó a toda una generación con una profunda y amarga experiencia vital, para la que cualquier cosa fue preferible a repetir una guerra, incluso para los derrotados que sobrevivieron en el interior a la fuerte represión. El “ardor guerrero”, inevitable en todo posconflicto bélico, mantuvo su vigencia como enfoque para abordar aspectos de la vida civil, que probablemente requerían más análisis racional que emociones patrióticas, sometimiento jerárquico, uso de las “líneas rectas” y decisión para “cortar por lo sano” en la resolución de problemas normales en cualquier sociedad.

El triunfo de Franco implantó un régimen dictatorial, militarista, nacionalista, tradicionalista, confesional y con afinidades fascistas (por su retórica, propaganda y por los apoyos exteriores que recibía y las potencias a las que decididamente apoyaba). Esta vinculación originaria puso luego al régimen contra las cuerdas. Tanto que, hasta 1951, hubo serias dudas de que se consolidara.

Desde el primero de abril de 1939 se cernió sobre España una densa nube de miedo. Es verdad que se cerraron los episodios bélicos, los bombardeos en las retaguardias y batallas en los frentes, pero la aniquilación del enemigo continuó por parte de los vencedores. El temor a lo que pudiera ocurrir enseguida arraigó en los corazones de mucha gente. Primero, entre los vencidos por motivos obvios: ya fueran hombres o mujeres; de las clases altas o bajas; habitaran ciudades o vivieran en pueblos, aldeas y cortijos; cultos o ignorantes. Ni siquiera era necesario haber militado en alguna de las organizaciones derrotadas. Bastaba la proximidad (de familiares cercanos, amigos próximos…) o la denuncia, que como ocurre en esas situaciones, se convertía en mérito para medrar en el nuevo orden. Miedo de otro estilo, pero miedo al fin, tenían también los vencedores: por la entrada en la Segunda Guerra Mundial primero, y luego porque el resultado de esta convirtiera a los republicanos derrotados en vencedores de rebote. El miedo (con distinta intensidad y proximidad para vencedores y vencidos), el hambre y las malas condiciones de vida fueron comunes para todos.

Inicialmente la dictadura se impuso por la victoria militar y la represión de los primeros años. Una y otra eliminaron a los enemigos más importantes y mejor organizados: el aparato estatal republicano y las organizaciones, partidos y personas que se enfrentaron al levantamiento militar. Unos murieron durante la contienda; otros tuvieron que abandonar el país; el resto, sufrió en primera persona la represión. La mayor parte de los derrotados –y sus familias– no tuvo más opción que tolerar, como mal menor, la situación política surgida del peor mal: la Guerra Civil. Pero se ha de tener en cuenta algo clave que se olvida frecuentemente: también los vencedores tenían partidarios y muchos. Gentes, masas también, que defendieron una concepción política, social, religiosa y cultural que el régimen de Franco representaba, de manera más o menos adecuada. Este aspecto tiene una singular importancia porque la España de los años cuarenta fue, antes que nada, una España franquista y así tuvo que aceptarlo, o lo aceptó sin más, la mayor parte de la población aunque fuera como mal menor.

La economía quedó destrozada. Lo peor no fueron las destrucciones por bombardeos y requisas en campos, ganadería, carreteras, tendidos ferroviarios, obras públicas, fábricas, casas... El mayor lastre económico de la guerra fue su financiación. Los gastos consumieron las reservas de la República y endeudaron a los vencedores. Eso sin contar con las transformaciones de establecimientos industriales, y de actividades económicas en general, para satisfacer las necesidades primarias de material de guerra. El país, sin apenas recursos propios, hubo de hacer frente a la reconstrucción sin ayuda externa, porque en septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial

En el orden demográfico la guerra supuso también una enorme sangría: casi trescientos mil muertos. Un tercio de las víctimas mortales correspondieron a ejecuciones sumarias en ambas retaguardias. En la mayor parte de los casos las víctimas correspondieron a hombres en edad de trabajar. Sobre una población hambrienta y desnutrida la tuberculosis, el tifus, las diarreas y disenterías produjeron alrededor de doscientas mil muertes más entre 1940 y 1945.

La zona nacional durante la guerra se organizó como un cuartel. Con limitaciones indudables también serviría para definir en sus trazos más gruesos al régimen en la inmediata posguerra. En realidad la guerra continuó en la represión. En la dictadura militar que se implantó no hubo lugar político y cultural para la disidencia. Se persiguió a quienes se oponían en aquel momento y a quienes en el pasado habían sostenido posturas opuestas. Eso fue la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939. Su articulado, además de castigar los delitos más frecuentes en una guerra, establecía también otros que simplemente declaraban fuera de la ley la manifestación, defensa y organización de opciones contrarias a la ideología de los triunfadores. Pero, además, y contra todo derecho, se establecía que eran perseguibles y punibles estas acciones realizadas antes de la promulgación de la misma ley. Es decir: se aplicó una dura norma penal con sentido retroactivo.

La represión tuvo dos caras. De una parte fue racional y selectiva y se persiguió a quienes se encontraron en alguna de las situaciones que penaba la ley: a los miembros de los partidos revolucionarios (socialistas, comunistas, anarquistas, etc.), de los republicanos de izquierda y de los nacionalistas catalanes y especialmente vascos. El periodo más duro, por el elevado número de condenas, tanto a prisión como de ejecuciones, fue el inmediatamente posterior a la guerra. La pena de muerte se aplicaba a los dirigentes con máxima responsabilidad política en los organigramas de partidos y sindicatos, también a las autoridades republicanas de máximo nivel. Sin embargo, esta categoría fue muy flexible. De hecho, su segunda cara, fue la frecuente desigualdad en la aplicación de penas por delitos similares. Entre otros motivos por influencias personales, apoyo y recomendación de hombres del régimen de cierta relevancia, etc. Los fusilamientos fueron abundantes en los primeros años y disminuyeron progresivamente. La mayor parte se realizaron a lo largo de 1939 y 1940. Entre 1939 y 1945 se produjeron unas veintiocho mil ejecuciones. Esta progresiva disminución se explica no sólo por la flexibilidad en la aplicación de las penas, sino por la simple desaparición de los posibles afectados. Con todo, lo más frecuente fueron las condenas a prisión entre los seis meses y los quince años. Los tribunales solían imponer fuertes condenas, que luego se rebajaban. Al finalizar 1939 había doscientos setenta mil presos. A partir de 1945 bajó de cincuenta mil. Se estableció la redención de pena por trabajo voluntario en algunos sectores, especialmente en la construcción.

Frente a la cárcel y al fusilamiento, las depuraciones y los destierros eran más suaves. Ambas se aplicaron con eficacia. Afectaron especialmente a los funcionarios de la judicatura y enseñanza en todos los niveles: desde los maestros a los profesores universitarios. No faltaron tampoco prohibiciones para ejercer, de manera total o parcial, determinadas actividades profesionales. Unas veces por decisiones específicas; otras por el establecimiento de filtros de control (abogados y periodistas). Las que supusieron limitaciones sobre el lugar de residencia incluyeron destierros a las colonias de África ecuatorial o del norte; prohibiciones de residir en algunas ciudades o regiones, etc. Se aplicaron especialmente a sospechosos de nacionalismo.

Para las gentes comunes derrotadas la presión directa de los vencedores llegaba capilarmente hasta sus lugares de trabajo y residencia: comentarios, bromas, aceptación forzada de himnos y saludos de los vencedores… El paso del tiempo –meses y años– enfrió entusiasmos e hizo que desaparecieran estos aires espontáneos con algunas intensificaciones por motivos locales. Sin embargo la distinción entre vencedores y vencidos permaneció y, sobre todo, se tradujo en una amplia gama de ventajas para los primeros. Hubo exámenes patrióticos que los combatientes superaban sin comprobar más que su permanencia en el bando “correcto”; también abundaron las incorporaciones a la administración pública, en sus diversas escalas, por ser combatiente, o mutilado de guerra (naturalmente sólo del bando nacional). Las ventajas se extendieron a las empresas privadas: los excombatientes franquistas se preferían a los que no lo eran para ocupar puestos de trabajo en unos momentos de penuria y escasez.

En definitiva, la guerra terminó con una derrota sin condiciones para los perdedores y con plenos poderes para los ganadores. Desde abril de 1939, durante muchos años, hubo dos tipos de españoles: los que habían ganado la guerra y los que la habían perdido. Es difícil hacer una valoración numérica de vencedores y vencidos. En el supuesto de una semejanza de cifras inicial, en abril de 1939 los perdedores encarcelados o exilados superaban con mucho el medio millón. A ellos habría que sumar a los soldados comunes que hubieron de repetir su servicio militar obligatorio bajo mandos franquistas y por lo tanto bien controlados. Por muchos que fueran los derrotados, sin cuadros, sin dirigentes, la resistencia civil, incluso la meramente ideológica, quedó huérfana.

Paradójicamente, la liquidación de la guerra por la derrota militar del enemigo convirtió en provisional al régimen que nació de ella. Eso explica que la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial llegara a ser la gran esperanza para sacudirse un franquismo con apenas seis años de vida. Los propios vencedores parecían moverse aún en la provisionalidad de la victoria. Sólo a partir de 1947, con el comienzo de la Guerra Fría y la consolidación de la política de bloques, comenzó a tener futuro el franquismo.

La experiencia vivida por la mayor parte de los españoles adultos en 1940 confirmaba esa provisionalidad. Habían vivido la Guerra Civil, presenciado ya una dictadura (la de Primo de Rivera) de ocho años de duración; antes y después, un régimen constitucional monárquico; luego la proclamación de una república con dos bienios de gobiernos de ideologías totalmente distintos; un movimiento militar anti-izquierdista en 1932 y otro revolucionario en 1934. En abril de 1939 pocos pensaban que comenzaba una etapa de casi cuarenta años. Lo paradójico fue que esta provisionalidad institucional permitía a Franco ejercer su autoridad sin límites prácticos, ni teóricos. Y mantuvo su mando como la máxima autoridad militar lo hace en su ejército: en todo.

En aquella España desigual, los que hubieran hecho la guerra con los nacionales, los católicos que no fueran nacionalistas vascos o catalanes o simplemente liberales, las gentes defensoras de la aplicación fuerte del principio de autoridad, los españolistas patriotas… pudieron moverse con los permisos correspondientes en cada caso. Sólo denuncias de colaboración o pertenencia a “lo derrotado”, o de falta de patriotismo, podían suponer un peligro real para quienes aceptaban el régimen.

LA BASE MATERIAL Y SOCIAL DE ESPAÑA

EN LA DÉCADA DE LOS CUARENTA

Uno de los rasgos cotidianos de la dureza en los años cuarenta, mas hasta 1945, fue el hambre. Como es normal, resultó más llevadero en los pueblos que en las grandes ciudades. El problema no fue el racionamiento, sino la imposibilidad de atender las necesidades alimenticias de la población. La desnutrición elevó la incidencia de las enfermedades y de las muertes.

El régimen planteó la reconstrucción económica desde un principio político e impuso la autarquía, que supone la defensa de la independencia a ultranza: producir todo lo necesario para sostenerse sin recurrir a las importaciones. Respetó la propiedad privada en medio de un notable intervencionismo estatal y mantuvo unos impuestos bajos. Careció, por tanto, de recursos para una eficaz reconstrucción. La euforia triunfadora “planificó” que las necesidades económicas del país estarían resueltas en cuatro años. Los resultados demostraron las persistentes dificultades que el patriotismo presenta para casar con la contabilidad y la realidad económica.

En todo el país resonaba la palabra reconstrucción como una meta: de la industria, de las comunicaciones, de la universidad, de la cultura, de la religiosidad... de cualquier cosa que se considerara positiva. Una tarea especialmente adecuada para la nueva generación, que andaba por entonces por los veinte años, más o menos avanzados, y que mayoritariamente habían llevado el peso de la guerra en las trincheras. La llamada a la juventud para reconstruir el país se dirigía en realidad sólo a los varones. La tarea de las mujeres jóvenes, muchas de las cuales se habían distinguido en sus acciones en la retaguardia republicana, se recondujo al hogar y a los viejos principios del siglo anterior. De hecho, al eliminar el Código Civil vigente durante los años de la II República, se reinstauró el de 1889. Aunque no hubo prohibiciones explícitas, la presión familiar y social mantuvieron la brecha en la formación intelectual: no sólo en el acceso a los estudios universitarios, sino incluso a los de bachillerato. De hecho, en algún caso se negó una cátedra universitaria a una mujer, no por su falta de preparación (que era notoriamente suficiente), sino por no considerarse situación propia de su condición femenina.

La política económica inicial primó la producción industrial frente a la agrícola. Una de las consecuencias fue el desabastecimiento. El primer intervencionismo llevó al segundo: el racionamiento. Y se quiso combatir la escasez con un mayor control. La consecuencia fue el mercado negro: la compraventa clandestina y el acaparamiento dispararon los precios muy por encima de lo que hubiera fijado el mercado libre. De hecho hubo racionamiento de alimentos hasta 1952.

El mercado negro no era solo ni mayoritariamente una acción delictiva organizada por acaparadores de grandes cantidades, que no faltaron. Se traducía en formas de vida cotidianas que afectaban a casi toda la población en uno u otro sentido. No eran infrecuentes los viajes por los pueblos para intercambiar productos industriales (sosa cáustica, por ejemplo) por alimentos de primera necesidad y acumulables (embutidos, legumbres y harina). Naturalmente la policía intentaba controlar aquel trasiego en las estaciones de tren de las ciudades y los lances de picaresca eran frecuentes. Más normales resultaban las ayudas de los familiares del pueblo, o los avisos de disposición de algunos alimentos conservables (higos secos, pan de membrillo, etc.) que se intentaban almacenar para tiempos peores. Las mujeres cargaban habitualmente con las gestiones que implicaba tratar con el mercado negro el abastecimiento de sus hogares. Este tipo de dificultades cotidianas se multiplicaban en residencias en función de su mayor o menor tamaño. De hecho, quienes pudieron mantuvieron en sus propiedades en el campo pequeños (o no tan reducidos) establecimientos en los que se criaban animales domésticos para el consumo, árboles frutales y, sobre todo, se estaba en contacto directo con proveedores locales que comerciaban con la producción que excedía sus cupos.

Durante los años cuarenta hubo un estado fuertemente intervencionista en lo económico y en lo social. En 1950, los cinco grandes bancos (Central, Español de Crédito, Hispano Americano, Bilbao y Vizcaya) controlaban el 65% de los recursos financieros. Mientras tanto la población había pasado por una de las fases más duras de hambre y escasez de la historia de España contemporánea. En 1948 la hacienda sólo recaudaba el 14,7% de la renta nacional, Francia conseguía el 21% y Gran Bretaña el 33%. En fin, un estado intervencionista con pocos recursos. Poco cabía esperar de sus resultados en la reforma social.

El seguro de vejez se estableció en 1939, pero las prestaciones eran muy bajas. En diciembre de 1942 se estableció el Seguro Obligatorio de Enfermedad para la atención médica gratuita a los trabajadores. También se empezaron a construir casas baratas en los grandes núcleos urbanos. Se realizó un plan para la colonización de nuevas tierras para establecer allí nuevos propietarios campesinos, pero los resultados apenas fueron apreciables. Por otro lado, la organización sindical obligatoria, no tenía cauces de representación para los trabajadores. Los únicos que tenían carácter representativo eran los enlaces sindicales de las pequeñas empresas, pero carecían de competencias y capacidad de acción. El resto de la organización sindical solo era un cauce para alcanzar puestos en la administración o en la política. Los trabajadores vivían de espaldas a la organización sindical y en medio de unas dificultades grandes que limitaban a veces con la posibilidad de subsistir. Por ejemplo, en 1942, un informe de las cámaras de comercio hablaba de “depauperación física del obrero por alimentación insuficiente”. En fin se podían pasar dificultades y hambre en aquella España en niveles muy diferentes.

La fuerza de las armas gana una guerra, pero no consolida un régimen político por sí sola. El bando vencedor tenía también apoyos sociales. El franquismo tuvo, desde el principio, gentes que lo defendieron de manera entusiasta en todas las clases sociales y en casi todas las tierras de España. Su proporción era muy distinta según qué grupos sociales y según qué regiones. Y es que la guerra enfrentó como enemigas a realidades que no eran contrarias: defensa de la democracia, libertad religiosa, reforma social, reconocimiento de las desigualdades culturales y políticas de algunas regiones, redistribución de la propiedad agraria, etc. El nuevo régimen hizo dos afirmaciones básicas: habría orden público y ejercicio estricto del principio de autoridad y, a la vez, el estado sería confesionalmente católico. Para muchos de los defensores de Franco era suficiente con una de las dos.

Poco más de la mitad de los españoles vivían en el campo alrededor de 1940. Entre los pequeños y medianos propietarios agrarios predominaba la mentalidad tradicionalista en su sentido más esquemático: respetar la religión católica y la propiedad individual agraria. Este grupo abundaba en Castilla y León, Asturias, Cantabria, Álava, Navarra, Rioja; también en las zonas rurales de Valencia, Alicante y Murcia. En las correspondientes a Vizcaya, Guipúzcoa y Cataluña ocurría lo mismo aunque empapadas de un sentido vasco o catalán más o menos intenso. La homogeneidad ideológica del campo y de las pequeñas ciudades fue una de las bases sociales más importantes en el primer asentamiento del franquismo.

Los empresarios agrarios e industriales se conformaban con que no hubiera estructura sindical organizada que planteara resistencias serias a las duras condiciones de trabajo de la posguerra. Y eso aunque hubieran sido antes partidarios del nacionalismo catalán o vasco. En fin, en una primera aproximación, hay que señalar que los apoyos sociales del régimen en un primer momento fueron la mayor parte de los católicos (en un país mayoritariamente católico), exceptuado el País Vasco, los empresarios y financieros, los militares y el clero. Indudablemente cada uno colaboró de manera muy distinta a la estabilidad del régimen en los primeros momentos. Los grupos numéricamente mayoritarios aportaron una estabilidad que puede calificarse de pasiva en términos generales. Bien porque hubieron de soportar un sistema político frente al cual no podían sino resignarse; bien porque este respondiera en términos fundamentales a sus concepciones vitales.

EL EJÉRCITO Y EL CLERO: DOS INSTITUCIONES

FUNDAMENTALES EN EL APOYO AL FRANQUISMO

Además de partidarios y resignados, dos grupos constituyeron poderosos puntos de apoyo activos para la consolidación del nuevo régimen: los militares y los clérigos, excepción hecha de una parte del clero vasco. Lo paradójico fue que no teniendo una fuerza notable sí consiguieron una influencia enorme. Efectivamente, el ejército español estaba técnicamente atrasado: era de otra época, un ejército colonial. Las imágenes de los noticiarios y documentales de la Guerra Civil lo ponían delante de los ojos: los alemanes aparecían junto a aviones modernos; los italianos junto a tanques pequeños y los españoles montaban mulas o marchaban con alpargatas. Por lo que se refiere al clero, estaba diezmado por la persecución religiosa. Como el ejército, era incapaz de atender las tareas pastorales que se le vinieron encima con la victoria. Pero lo importante es que ambos fueron apoyos suficientes. Los militares aseguraban la fuerza y capacidad material de resistencia frente a los intentos de acabar con el régimen. Los clérigos, recibieron beneficios de las autoridades triunfantes: muchos de ellos sentían que los militares les habían salvado físicamente la vida, aunque la persecución religiosa masiva desde julio de 1936 la hubiera desatado materialmente el levantamiento militar. Por otra parte, los gobiernos franquistas financiaron la reconstrucción de iglesias y establecimientos religiosos. Su defensa del régimen fue muy importante.

El ejército tuvo una importancia esencial en los primeros años del franquismo. Mayor que los falangistas y superior sin ningún género de dudas a la de los tradicionalistas y a la de cualquier otro grupo. Dentro del ejército hubo partidarios del falangismo (Yagüe, Muñoz Grandes y Beigbeder), del tradicionalismo (Varela, Solchaga) y de la monarquía de don Juan de Borbón (Vigón). Sin embargo por delante de todo estaba su fidelidad a Franco. Primero, se encuadró en la normal disciplina al superior jerárquico bajo cuyo mando se había ganado la guerra. Luego, la figura de Franco quedó como un símbolo para las nuevas generaciones de militares al identificar su deber de defender España con el mantenimiento del régimen franquista. En el ejército la doctrina del caudillaje eliminó cualquier duda sobre su legitimidad. A esta se sumó el derecho de conquista. Las cifras manifiestan que el militarismo del régimen no era retórica romántica: hasta 1945, el 45% de los nombramientos ministeriales y el 36% de los altos cargos políticos fueron para militares.

Los salarios militares no eran altos, pero se compensaban con algunas ventajas. Existían casas para ellos prácticamente gratuitas, en unos momentos en los que las viviendas escaseaban. Los hombres de la milicia también tenían acceso a economatos donde podían adquirir a precios asequibles productos que solo existían en el mercado negro para el resto de la población, y colegios especiales para sus hijos, y asistentes (servicio doméstico gratuito), etc.

Al terminar la guerra el sentimiento general del clero español, con las excepciones señaladas, hacia los militares y hacia el régimen de Franco era de agradecimiento. Primero, les habían salvado la vida en muchos casos. En segundo lugar, enseguida comenzaron las ayudas para reconstruir templos y establecimientos eclesiásticos. Pronto el estado se proclamó confesional católico y prohibió el ejercicio público de otras religiones. Enseguida las órdenes religiosas recibieron facilidades para reanudar sus tareas educativas en los niveles primarios y secundarios. A la vez, se consultó a los arzobispos españoles alguna vez sobre enfoques generales de la política. Por ejemplo, aconsejaron alejar el régimen, aún no definido, de fórmulas políticas semejantes a las nazis, recordando su condena por Pío XI.

El régimen abolió el divorcio y la legislación antirreligiosa de la República; restauró la partida de culto y clero en los presupuestos. Hubo también exención de impuestos y se facilitó la acción pastoral de la Iglesia a través de la educación (formación religiosa en los planes de enseñanza a todos los niveles), de la orientación que ejercían capellanes en las organizaciones sindicales, militares y de entretenimiento, etc. Se respetó, por supuesto sin escapar a la censura estatal, la prensa católica y sus emisoras de radio. También fue práctica habitual situar en los ministerios de educación y justicia a conocidos y conservadores católicos, que teóricamente convertían en disposiciones legales las aspiraciones de la jerarquía sobre estas materias. En definitiva: probablemente nunca hubo en la edad contemporánea más facilidad para practicar y conocer la religión católica: aunque algunos percibieron las consecuencias negativas de esta falta de libertad.

Durante la década aumentaron los índices de práctica religiosa en toda España: asistencia a Misa, práctica de la confesión sacramental, procesiones, novenas, asistencia a pobres y enfermos, misiones populares, etc. También se llenaron los seminarios, que se ampliaron o hicieron nuevos, aumentaron las ordenaciones sacerdotales y las profesiones de religiosos... Con todo, el número de clérigos no alcanzó nunca las cifras de 1931. Aunque es imposible valorar hasta qué punto el fervor religioso era sincero, los hechos externos manifiestan un renacimiento espiritual popular: más intenso en el norte de España, pero también claro en otras zonas tradicionalmente anticlericales del sur. Un elemento de singular importancia en este renacer fue la prohibición gubernativa de la propaganda anticlerical, atea, anticristiana o teísta.

El clero, salvo parte del vasco, y durante estos años, se manifestó bastante partidario del franquismo. Primero, por agradecimiento ante los favores y facilidades, pero tampoco fue todo asentimiento continuo. El fusilamiento durante la Guerra Civil de algunos sacerdotes de batallones nacionalistas por los franquistas abrió una brecha que se mantuvo durante años entre los nacionalistas vascos católicos y el régimen. Hubo, además, discrepancias, aunque a otro nivel. Por ejemplo, el cardenal Gomá comprendió que la situación comprometía a la jerarquía con el régimen, mientras las instituciones católicas perdían autonomía. En concreto, las asociaciones estudiantiles y los sindicatos católicos se suprimieron a favor de los de Falange. Se argumentó que los obispos podían nombrar capellanes en éstas para cumplir su misión evangelizadora. Otro desacuerdo lo constituyó la pastoral conjunta de los obispos de Andalucía Oriental sobre la situación social, que discrepaba del sistema sindical obligatorio vigente. La peor consecuencia de esta actitud fue la mezcla que se produjo entre política y religión. Avanzó el integrismo y con él la confusión en la sociedad española. Ni el clero en general, ni los católicos de a pie, estaban para muchas distinciones. Esto redujo la capacidad para separar las opciones políticas libres y los deberes de conciencia religiosos. Las confusiones fueron inevitables.

El ejército enseñó a través del servicio militar obligatorio la práctica de la jerarquía y la importancia de la disciplina. El clero también actuaba en otras esferas comunes de la vida corriente. Por ejemplo, dijera lo que dijera la censura oficial, párrocos o autoridades militares locales podían decidir que una película no se proyectaba en su provincia o en su ciudad (y no digamos en un pueblo). Y lo decidieron. Por ejemplo, sobre películas nazis que consideraron inconvenientes por algún motivo: y eso a pesar de estar aprobadas y las protestas de la embajada de la nación “amiga”.

Si algún aspecto de la vida española necesitó de una reconstrucción radical ese fue indudablemente el eclesiástico y, en otro orden de cosas, el de la religiosidad. No hubo ningún grupo social con más bajas proporcionales que el clero durante la Guerra Civil. Tampoco la actividad bélica facilitó la incorporación de candidatos a los seminarios que estuvieron unos destruidos, otros confiscados y prácticamente todos en muy malas condiciones materiales y necesitados de importantes reparaciones como poco. El clero español al finalizar la Guerra Civil era insuficiente para las tareas pastorales que le esperaban y había pasado –como todo el país– por una experiencia vital excepcional. La reconstrucción de la vida cristiana exigía la previa del clero (así lo vieron muchos obispos): era precisa la conversión de quienes debían convertir a los españoles. Esa primera conversión era relativa: muchos estuvieron a punto de ser mártires.

La primera misión pastoral del clero español, por mandato de la Santa Sede (Pío XII en mensaje a Franco en la segunda mitad de abril de 1939) y de sus obispos (Pastoral del Primado de España en agosto de 1939) fue clara: construir una nueva sociedad sobre el perdón. Pero no era ese el sentimiento mayoritario entre los dirigentes políticos y tampoco entre otros muchos que o bien se sentían vencedores de una lucha a muerte, o bien no lograban asimilar las injusticias cometidas en sus deudos por los ahora vencidos. En fin, los obispos dispusieron poco a poco de recursos para reconstruir los seminarios, intentaron fomentar las vocaciones al sacerdocio y lograr que sus enfrentamientos con los gobernantes más próximos a los nazis (hasta 1942) no trascendieran a la mayoría católica del país, que vivió en el convencimiento de una absoluta armonía entre el poder político y la jerarquía eclesiástica.

El común de los católicos acababa de vivir una experiencia intensa de peligro. Muchos de ellos habían llevado una vida cristiana de catacumbas en la zona republicana (excepto en el País Vasco) y no es de extrañar que resurgiera con fuerza la manifestación pública de aquella religiosidad contenida, amplia e intensa. Los noticiarios cinematográficos muestran procesiones concurridísimas, alta asistencia a Misa, marchas a santuarios… incluso se organizó una campaña entre los jóvenes de Acción Católica animándoles a incorporarse al seminario, que fue un éxito. Algunos informes de la época, aunque han de tratarse con cuidado, manifiestan la buena disposición de los universitarios ante la religión: hacen retiros, acuden a charlas y círculos de Acción Católica y Congregaciones marianas, hacen ejercicios espirituales…

Los obispos españoles habían visto preocupados cómo se disolvían sus asociaciones universitarias a favor del Sindicato único falangista de estudiantes y sus sindicatos católicos en los oficiales que controlaba el partido único. Desde luego siempre se nombraban capellanes en estas asociaciones, pero su capacidad de influir (la de los obispos) estaba muy lejos de ser efectiva. Lo habían comprobado en el control y práctico silenciamiento que lograban sobre sus propias pastorales cuando diferían de los puntos de vista del partido. Centraron sus esfuerzos, por eso, en edificar de nuevo la Acción Católica. Y situaron a su alrededor cualquier iniciativa apostólica dirigida a los fieles comunes (a los que ni siquiera se les llamaba aún laicos) y convertirla en el centro de su actividad pastoral. Este empeño de la jerarquía pretendía establecer un núcleo evangelizador que posibilitara llegar a la sociedad española sin intermediarios estatales. Este planteamiento tenía la ventaja de dificultar la intromisión y de ayudar como paraguas protector a cualquier actividad nacida en parroquias, colegios católicos, asociaciones piadosas, etc. Presentaba el inconveniente de su articulación interior por la relativa diversidad de asociaciones apostólicas ya existentes.

Era frecuente que cualquier español con inquietudes religiosas o apostólicas hubiera pasado, o formara parte activa, por algún órgano o asociación vinculado, de una u otra manera, con Acción Católica. En términos generales las diversas asociaciones e iniciativas que se integraban en su seno lograron acomodarse, aunque no faltaran incidentes entre los diversos grupos llenos de celo. Estos últimos no solían pasar de tormentas de verano en ambientes cerrados. Algunos tuvieron una intensidad mayor y ofrecieron dificultades especiales en aquellos momentos de militancia católica incuestionable, donde ser hereje equivalía, por lo menos, a ser sospechoso de masón y eso ya era un delito penal.

La inquietud religiosa de la juventud especialmente (y de la universitaria más en concreto) era grande en los años cuarenta. Una de sus consecuencias era la fuerte influencia que ejercían algunos sacerdotes y que podían llegar a acciones e iniciativas que, aunque no manifiestan un modo general de comportamiento, sí dan cuenta de alguno de sus extremos: intentos de asalto a capillas protestantes, arrancadas de carteles de la película Gilda (monumento erótico de la época). Por otra parte no faltaron iniciativas intencionalmente miméticas que tuvieron al Opus Dei como referente: constitución de “comunas cristianas” en algún piso de Madrid, o de la Orden de Santa María, que, en espíritu, se definían, como una orden militar del Medioevo…

La normalidad para la mayoría de la gente común la marcaban las actividades parroquiales o de los colegios de religiosos: asistencia a la Misa, conferencias cuaresmales, procesiones, horas santas, oficios religiosos, organización de obras de caridad, catequesis, etc. Las personas que acudían a los colegios tenían una formación religiosa elemental, conocían el catecismo, lo básico de los evangelios y de la historia sagrada… en fin: podían entender casi todas las escenas que los pintores barrocos españoles habían reflejado en sus lienzos.

LOS ACTORES POLÍTICOS EN EL FRANQUISMO DE LOS AÑOS CUARENTA: LAS FAMILIAS POLÍTICAS

Si la historia atiende especialmente a la lucha por el poder, la evolución política en el franquismo tiene gran relevancia, porque ni la oposición interior ni la exterior lograron acabar con él.

Los grupos que apoyaron y se ampararon en la conspiración militar que liquidó la República eran variados y tenían ideologías políticas relativamente distintas (para ellos muy distintas). Coincidían en aspectos básicos de gran importancia, aunque con desigual intensidad. En primer lugar, defendían una concepción autoritaria del ejercicio del poder. La soberanía nacional –la fuente del poder político– no se entendía como emanada de la voluntad popular, sino como resultado de un proceso histórico que había hecho de España precisamente una nación. Ninguna generación de españoles tenía el poder de traicionar ese destino. En segundo lugar, eran nacionalistas españolistas cerrados a aceptar fórmulas de autonomía política para las regiones. Además, compartían una aversión plena a los regímenes multipartidistas. Por último, hacían del principio de unidad religiosa un punto clave de la definición de España.

Defendían la propiedad privada, aunque supeditada teóricamente al bien común. También admitían –otros como los falangistas lo establecían como principio clave del nuevo orden económico– la iniciativa económica del estado, con capacidad incluso para establecer monopolios en los sectores de especial importancia estratégica: ferrocarriles, combustibles, etc. Proclamaban a la vez principios de organización social en concordancia con la doctrina social de la Iglesia: fomento del cooperativismo, solución de los conflictos laborales en un marco de diálogo entre empresarios y obreros, defensa del empleo, puesta en marcha de fórmulas de seguridad social, etc. En fin, hay que resaltar que todo aquel que quería comenzar su carrera política por entonces debía inscribirse necesariamente en el movimiento, el partido. Pocos ministros civiles de la nueva generación (los nacidos a partir de 1910, más o menos) durante los años cuarenta no estuvieron inscritos en FET.

Hay que señalar que la actividad política directa implicaba a muy pocas personas (quizá no llegaban a mil, si se excluyen los niveles provinciales y locales de la administración). Tradicionalistas, falangistas, monárquicos juanistas y hombres procedentes de la ACN de P configuraron estos grupos. Es importante resaltar que ninguno tuvo un carácter asimilable a lo que hoy se conoce como partido político. Sus reuniones raramente desbordaban los límites de un salón de actos relativamente pequeño en las ocasiones más solemnes. Lo normal era verse en domicilios particulares. Además, estaban divididos entre sí y, por último, no fueron infrecuentes los trasvases de personas de uno a otro y “conversiones” radicales con el paso del tiempo.

Las luchas entre estos grupos siempre tuvieron un carácter doblemente limitado. Primero, porque ninguno discutió nunca la capacidad absoluta de Franco para dirimir sus enfrentamientos. Este los conocía, pero su discurso insistía continuamente en la robusta unidad del régimen. De hecho la preeminencia de cada grupo se medía por el número de sus partidarios situados en los ministerios de cada gobierno, que conformaba Franco según su entender. Segundo, porque las diferencias políticas se limitaron en lo doctrinal a sutilezas intelectuales sobre la interpretación de la historia de España y su destino, la legítima interpretación de los escritos de los autores españoles tradicionalistas en lo político o social (o del Gran Ausente, José Antonio Primo de Rivera) de las que se deducían principios de actuación para el presente, etc. Todo ello situaba el enfrentamiento político en una reducida nube que se disputaba la cercanía e influencia sobre Franco. La lucha política en el régimen, en la vida diaria se concentró en pequeñas acciones, de gran emotividad en sus escasos protagonistas y sin apenas relevancia y, por supuesto, absolutamente al margen del sentir inmenso de la población, que las ignoraba. Vinieron a ser tormentas en un vaso de agua. Solo las movilizaciones promovidas por el régimen consiguieron reunir masas, normalmente por motivos patrióticos generales; lo que no impedía que se tolerara alguna celebración política específica (por ejemplo, la de los carlistas en Montejurra).

El tradicionalismo era la familia política más antigua. Sostenían una cierta representación de los intereses sociales y territoriales –democracia orgánica– y una cierta descentralización administrativa: el régimen foral. Fueron los mejores defensores de la monarquía, pero carecían de candidato al trono. La mayoría de sus dirigentes, con mayor o menor intensidad, reconocieron la autoridad de Franco. El único sector tradicionalista con capacidad de movilización de masas fue el carlista. El decreto de unificación de abril de 1937 unía falangistas y tradicionalistas en Falange Española Tradicionalista (FET). Fue un golpe muy duro para la estructura política carlista: destrozó su red de prensa, sus locales y demás medios materiales trabajosamente construidos durante medio siglo. Unos aceptaron como hecho consumado. Fal Conde, jefe nacional carlista, se opuso frontalmente, pero poco pudo hacer desde su destierro en Lisboa. Para 1943, el grueso del carlismo, muy disminuido en sus fuerzas y en su capacidad de movilización, se mantuvo tolerado al margen del franquismo.

Con rasgos ideológicos similares en parte –autoritarios y monárquicos–, aunque con un candidato al trono bien definido y sin lugar para regímenes autonómicos de carácter foral, estaban los hombres de Renovación española. Eran partidarios de Juan de Borbón, que intentó sumarse como voluntario al levantamiento militar en dos ocasiones. Franco lo impidió en ambos casos. Cuando el final de la Segunda Guerra Mundial pareció ofrecerle una posibilidad de acceder al trono, en el Manifiesto de Lausana (1945), propuso que Franco abandonara pacíficamente el poder.

El grupo político más influyente del franquismo en los cuarenta fue el falangista. Los cientos de miles de falangistas de nuevo cuño quedaron como los beneficiarios del nuevo partido, tanto por su empuje numérico creciente, como por la inhibición carlista y juanista. De hecho, el primer ensayo de organización del régimen lo llevaron a cabo los falangistas. La consecuencia fue que el movimiento, en la práctica, estuvo mayoritariamente dirigido en todos sus niveles –desde los más altos cargos a las más menudas jefaturas burocráticas que enseguida generó– por hombres del falangismo. Durante los primeros años, la falange constituía el grupo político franquista más importante; tanto por contar con el mayor número de afiliados, como por su capacidad para la movilización. De todas maneras no hay que exagerar ese protagonismo, porque sus posibilidades reales tenían un límite bien preciso: el apoyo incondicional al franquismo. Al margen de las directrices oficiales del régimen no eran nada, como se comprobó enseguida.

Al término de la guerra, Falange estaba dirigida por un conglomerado bastante divergente. Había admiradores de la Alemania nazi, de los que unos se proclamaban sinceros católicos (Laín Entralgo y Gamero, que procedía de la ACN de P, por ejemplo) y otros eran conocidos como agnósticos (Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar). No faltaban los cercanos a los fascistas italianos (como Serrano Súñer). Incluso alguno provenía del marxismo y aspiraba a la reforma social mediante la acción sindical, aunque fueran autoritarios en lo político (Santiago Montero Díaz y Martín Almagro). Pero la masa de militantes se sentía sobre todo fiel a Franco. De José Antonio apenas sabían nada, salvo que era el mártir de la causa. Hasta el cambio de gobierno de septiembre de 1942 ejercieron el poder los más cercanos al totalitarismo, nazi o fascista. Todos aspiraban a instaurar una dictadura autoritaria, centralizada y bastante cercana al totalitarismo fascista y estrictamente controlada por un partido único: el movimiento, es decir, Falange, es decir ellos. Este proyecto político se intentó imponer en los años inmediatamente posteriores a la victoria y mientras las potencias del Eje parecían vencer en la Segunda Guerra Mundial. A los falangistas correspondió la movilización ideológica. Consecuentemente, desde los primeros momentos, gobernaron el aparato propagandístico del estado de manera casi absoluta. Bajo su control quedó la cadena de prensa más poderosa del país (la prensa del Movimiento), además de una cadena de radio y una agencia de prensa propia. Curiosamente, su prensa era la única no sometida a censura gubernamental previa.

La última familia política incorporada a la lucha política durante el franquismo fue la ACN de P. No era un grupo político coherente: no conformaba un partido, ni algo asimilable a un grupo de acción política. Se trataba de un grupo de católicos que pretendían actuar en la vida política, bajo su responsabilidad, para procurar poner en marcha acciones acordes con los principios del derecho público cristiano. Antes de la Guerra Civil y durante la misma sus miembros militaron en partidos muy diversos. Por ejemplo, lo eran bastantes dirigentes independentistas vascos y otros sinceros demócratas. En los primeros momentos Franco contó con algunos, a título particular, para llevar a cabo misiones delicadas. Por ejemplo, en la depuración de personal docente de inclinaciones liberales y republicanas desde el otoño de 1936. La aceptación de la ACN de P como familia política franquista tuvo que superar la desconfianza que generó su vinculación con Acción Popular: partido de derechas y confesional durante la Segunda República, alrededor del que se constituyó la CEDA. Aceptaron las reglas del juego político republicano y varios de sus dirigentes se habían proclamado abiertamente demócratas o independentistas. Todo ello suscitó una gran desconfianza en el franquismo de primera hora.

En cualquier caso, varios hombres, a pesar de proceder de la ACN de P, fueron ministros desde 1939, por su fidelidad a Franco y su militancia católica: José Ibáñez Martín en la cartera de Educación (1939-1951), José Larraz en la de Hacienda (1939-1941) y Pedro Gamero del Castillo como ministro subsecretario del Movimiento (1939-1941). La propia Asociación no se consideró obligada a defender su gestión en sus órganos internos de comunicación. Más bien lo contrario. Por otra parte, el gobierno tardó en devolver a la Asociación sus medios de comunicación social y solo lo hizo en parte. Su gran diario, El Debate, no volvió a salir. Solo lo hizo YA.

Las cosas cambiaron desde septiembre de 1942 con la caída de Serrano Súñer y sus falangistas totalitarios. El giro de la situación internacional, confirmado en 1945 con la derrota de Alemania y Japón, exigió al régimen presentarse abiertamente desvinculado de los totalitarismos. Se abrió una oportunidad para organizar una versión modernizada del tradicionalismo nacionalista y monárquico que se ponía por entonces como paradigma oficial de la grandeza española: la monarquía autoritaria de los Austria. Los miembros de la ACN de P intensificaron sus esfuerzos para estar presentes en la cúpula de la vida política. Si se pretendía construir un estado confesional, parecía lógico que participaran en el proyecto quienes hacían de su militancia religiosa un elemento esencial de su actuación pública. En estas circunstancias, y desde 1945, hombres de la ACN de P ocuparon ministerios. Aunque parece que pretendían abrir políticamente el régimen desde dentro, nunca lo lograron. Su militancia católica provocaba inquietud en las otras familias del franquismo, porque todos se reconocían tan católicos como ellos y no aceptaban que monopolizasen en su favor esa condición. Cabía el peligro de que el programa de los propagandistas se entendiera como el único posible para los católicos: en un país de mayoría católica y, además, con un régimen que se autodefinía confesional.

LA LUCHA POLÍTICA EN EL FRANQUISMO, ENTRE 1939 Y 1951

La lucha política en el régimen tuvo dos dimensiones, al menos. La primera, se refiere a los grandes temas: formas institucionales que definen el franquismo a lo largo de los años (proyectos articuladores de leyes fundamentales, definición institucional del régimen, creación de órganos como las Cortes, etc.); incidencia de la situación internacional en la política interna para asegurar su continuidad (por ejemplo, los cambios de gobierno de 1942, 1945 y 1951 para este periodo); concreciones de estos aspectos (“elecciones” municipales y sindicales, referéndums), etc. Todo este conjunto de medidas de alto nivel las tomó personalmente Franco y en su decisión final pesaron muchas influencias, estudios, conversaciones con asesores muy diversos, etc. La lucha política en esta dimensión consistía en tener capacidad para influir sobre él, estar en su “círculo próximo”. La segunda dimensión de la lucha política, se daba entre las diversas familias, entre sus ministros en su más alto nivel: intentos de ganar ámbitos de influencia y parcelas de poder desde sus respectivos departamentos (por ejemplo: que la propaganda dependiera de Educación o de Falange directamente).

Si las dimensiones del campo político las marcan la amplitud de los participantes y el número y tipo de cuestiones que se someten a debate, el del franquismo de los años cuarenta fue reducidísimo. Esta estrechez tan enorme hizo que áreas no específicamente políticas se convirtieran en escenario de luchas y enfrentamientos entre las diversas familias del régimen. Las que más se vieron influidas por este modo de “hacer política” fueron la cultura y el acceso a los grandes cuerpos de la administración, especialmente cátedras universitarias y cuerpo diplomático.

LOS GRANDES TEMAS DE LA VIDA POLÍTICA

Los primeros proyectos políticos para articular la victoria militar los presentaron monárquicos tradicionalistas (Conde de Rodezno) y juanistas (Eugenio Vegas Latapié). Básicamente eran antiguos. Se basaban en la experiencia política del pasado: un general encabezaba un golpe y entregaba el poder al heredero monárquico correspondiente. Para Franco el único inconveniente para la solución monárquica era que hubiera rey mientras él viviera. Su permanencia vitalicia al frente del estado con poderes extraordinarios permanentes, como se demostraría años y años después, era condición sine qua non. Frente a los monárquicos, los falangistas no necesitaban apartar a Franco para desarrollar su proyecto. Unos y otros revoloteaban en busca de apoyos alrededor de las embajadas del Reino Unido y de Alemania en Madrid. Menos, por entonces, de la de Estados Unidos.

Tras la muerte de José Antonio y la limpieza que siguió al decreto de unificación de 1937, los falangistas no tenían más jefe que Franco. De hecho, la primera orientación político-institucional fue totalitaria. No llegó a cuajar, entre otras cosas, por el fracaso de Alemania e Italia en la Guerra Mundial; pero se hicieron intentos firmes para conseguirlo. Sus defensores fueron los falangistas vinculados a Ramón Serrano Suñer. El gobierno de agosto de 1939 reunió a un buen puñado de estos: el propio Serrano Súñer –en la cúspide de su poder–, Beigbeder, Yagüe, Sánchez Mazas, Gamero y, de otra manera, el propio Muñoz Grandes. Nunca hubo tantos en otro gabinete.

Emplearon todos los medios a su alcance para hacer de España un país totalitario. Franco al principio se resistió y rechazó después los proyectos en este sentido. Primero, por la decidida oposición de tradicionalistas y juanistas. Luego, por la firme negativa de los obispos (por la condena pontificia al nazismo) y de la mayor parte de los generales (desconfiaban de la creciente influencia falangista en el estado). Con todo, Serrano Súñer consiguió el control y la unificación de los sindicatos liquidando los católicos. Los obispos temieron que este orden político exclusivista y excluyente se trasladara a otros campos. Los falangistas consiguieron también el monopolio de la propaganda del estado. Controlaban la censura de prensa y contaban con una red capilar de periódicos –sostenida por el estado– que, sobre todo en provincias, les daba la casi exclusividad en el tono de la información diaria. Externamente, un observador poco iniciado, que identificaba en la calle el fervor patriótico con el uniforme azulón falangista, podía pensar que aquello era la versión española del fascismo; pero se equivocaba, a pesar de que por entonces mandaran los falangistas más nazis.

El giro bélico de 1942 liquidó las posibilidades de este intento totalitario, aunque la retórica fascista se mantuviera todavía en los discursos de Franco. En agosto de 1942, hubo cambio de gobierno y los falangistas radicales quedaron fuera. Incluido el todopoderoso Serrano Súñer. Los sustituyeron falangistas leales a Franco. En 1943 se prohibió usar el término fascista para definir el régimen español y la prensa férreamente controlada negó que el régimen español tuviera alguna vinculación ideológica con los fascismos. El régimen era autoritario y católico, específico y nacional, sin ninguna influencia extraña.

Y se comenzaron a ofrecer “pruebas” de que la democracia orgánica española era auténtica. Desde luego utilizaría un procedimiento castizo en sus elecciones, que solo escogería a sus representantes en los sindicatos y en los municipios. Y aunque en 1942 se establecieron las Cortes, sus miembros los nombró el ejecutivo y no podían fiscalizar la acción del gobierno. En la prensa y en las declaraciones se hacían referencias constantes a las elecciones sindicales que se realizaron en octubre de 1943 y a las municipales de diciembre del mismo año. Ni que decir tiene que el control fue total: ni siquiera se dio opción a que hubiera una candidatura juanista al ayuntamiento de Madrid. Se iniciaba un cambio que se acentuaría con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces se incorporaron los propagandistas católicos a las tareas gubernamentales con Franco. Como los aliados no querían intervenir militarmente en España para cambiar el régimen, aunque tampoco quisieran reconocerlo, todo acabó dependiendo del empeño de Franco en mantenerse en el poder. Y demostró tener el suficiente ante las declaraciones de don Juan.

Aunque se borraran los aspectos totalitarios externos, se mantuvo la férrea dictadura de Franco. Esto último quitaba credibilidad al régimen ante británicos y norteamericanos e impedía que lo aceptaran como lo que no era, un estado de derecho: no existían cauces de representación política en el orden estatal y los municipales y sindicales carecían de la más mínima garantía. Tampoco había seguridades jurídicas para los ciudadanos y ni siquiera estaba definida la forma de gobierno, ni su continuidad, en caso de que Franco muriera. Como la premisa fundamental era no ceder en algo que supusiera debilitar el poder de Franco y del ejército en un momento tan especialmente delicado y peligroso, no quedaba más camino que insistir en el carácter católico del régimen. La baza tenía sus opciones teóricas, ya que Gran Bretaña y Estados Unidos no dudaban de la oposición de la Santa Sede al régimen nazi y de su colaboración en la construcción de la Italia democrática. Por tanto la afirmación del catolicismo suponía una garantía de antinazismo. No era mucho, pero era algo.

El régimen buscó una fórmula para conseguir estos propósitos. Institucionalmente España quedó definida políticamente, por la Ley de Sucesión (julio de 1947), como una monarquía católica, social y representativa (de momento sin rey). En la vida política práctica se abrió el gobierno a los hombres de la ACN de P, como garantía de la apertura del régimen. Pronto se vio lo estrecho y aparente del proyecto. Las familias franquistas coincidían en su defensa de la unidad católica del estado; es más, la idea de que la guerra había sido una lucha contra los enemigos de la Iglesia católica fue un punto esencial de la propaganda franquista durante el conflicto y después.

Presentarse como un estado de derecho exigía reconocer la existencia de los derechos del hombre por encima del poder del gobierno. También, el establecimiento de unos cauces para la representación política que permitieran a los españoles participar en la elección de sus autoridades políticas. En julio de 1945 se promulgó el Fuero de los españoles. Era una aparente declaración de derechos con ropaje tradicionalista. Se reconocía la libertad de reunión, asociación, expresión y circulación por el territorio nacional; además de las garantías civiles, procesales y penales comunes. Sin embargo en la práctica estaban tan limitadísimas y a merced del gobierno, que eran antiliberales. De hecho, el ejercicio concreto de estos derechos se subordinaba a los principios del régimen. Por si fuera poco, el gobierno podía suspenderlos temporalmente, aunque casi ni hacía falta. También se establecía una relación de obligaciones tan amplia como la de derechos.

En marzo de 1946 se presentaron los cauces de participación política. Se limitaron a las elecciones municipales y eran muy estrechos: en el mejor de los casos se podía elegir por sufragio a un tercio de los concejales. El resto estaban controlados por el gobierno, que, además, designaba libremente a los alcaldes. La propaganda estaba muy limitada, los candidatos debían aceptar los principios del régimen y el gobierno ejerció un férreo control. Las elecciones fueron una farsa. Peor fueron las elecciones sindicales.

Al año siguiente (julio de 1947) se puso en vigor otra de las leyes fundamentales del régimen: la Ley de Sucesión. España se definía como una monarquía católica, social y representativa, aunque la jefatura del estado correspondería a Franco hasta su muerte. Él mismo, podía –como efectivamente hizo– designar a su sucesor. Desde fuera no se podía afirmar el carácter monárquico del régimen porque no tenía rey. En la misma línea había que entender su carácter social sin libertad sindical y con unos sindicatos controlados por el estado. La representación carecía de posibilidades de influir mínimamente en el nombramiento de cualquier autoridad civil. En definitiva: Franco mantenía intacto su control absoluto del poder, aunque formalmente el régimen no se llamara una dictadura. En el terreno puramente táctico, y sin adquirir ningún compromiso, aunque en previsión de acontecimientos futuros y para tranquilizar a los monárquicos, Franco consiguió que el príncipe Juan Carlos, de diez años de edad, se estableciera y recibiera su educación en España.

En lo que a las familias políticas se refiere, Franco actuó desde el principio como árbitro entre ellas. Lo más destacable desde 1945 es la paulatina disminución de la influencia falangista, aunque para ser exactos habría que decir que se liquidó la de los más radicales de 1940. Eso no significa que los falangistas, los hombres del movimiento, desaparecieran. Sencillamente Franco buscó otros para ocupar puestos en el gobierno. La novedad de 1945 en adelante fue la inclusión en los gabinetes de hombres provenientes de la ACN de P, que normalmente ocuparon desde entonces los ministerios de Asuntos Exteriores y Educación. En los ministerios sociales (trabajo, agricultura, vivienda, etc.) predominaron los falangistas. Los tradicionalistas ocuparon frecuentemente el ministerio de Justicia y, luego, la presidencia de las Cortes. En los económicos variaron, aunque se procuró buscar gente de preparación técnica adecuada y eficiente. Los militares tendrán una presencia destacada: desde luego en los de defensa (Ejército, Marina y Aviación) y en otros muy variados en función de las circunstancias (Gobernación, Vicepresidencia, etc.).

El periodo más duro para el franquismo en el contexto internacional discurrió entre 1945 y 1948. Se produjo el aislamiento internacional. La ofensiva de declaraciones y medidas comenzó con un comunicado conjunto de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en marzo de 1946: conminaba a formar un gobierno representativo en España. Francia cerró su frontera. Poco antes los norteamericanos habían retirado a su embajador. La ONU aconsejó esta postura en diciembre de 1946 y casi todos los países así lo hicieron, aunque siempre quedaron representantes oficiosos. De modo paralelo se iniciaron acciones de grupos guerrilleros comunistas y anarquistas entre 1946 y 1949. La actuación de la guardia civil y el despliegue del ejército al principio, limitaron la acción del maquis a algunas zonas rurales. Hacia 1949 estaban prácticamente liquidadas. Apenas trascendieron sus actuaciones a las ciudades y su influencia no se dejó notar en la vida normal. Además la población no se mostró dispuesta a otro conflicto a ningún precio.

La Guerra Fría cambió las cosas. Antes, el Plan Marshall (1948) delimitó zonas de influencia en el escenario internacional. La Unión Soviética prohibió a sus satélites que lo aceptaran. La Guerra de Corea, en el verano de 1950, favoreció a Franco en el ámbito internacional. Cuando hubo que escoger bloque todo comenzó a mejorar para el régimen, porque Francia y la Unión Soviética quedaron en bandos distintos. Estados Unidos optó por Franco por su anticomunismo y sus aliados tuvieron que aceptarlo.

LA POLÍTICA EN LA CULTURA Y EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

A la “actividad cultural y científica” de los años cuarenta le precedió una triple labor de purificación, depuración y reorientación de personal docente, de las bibliotecas y de los planes de estudio durante los años de la guerra. Las dos primeras se aplicaron desde el otoño de 1936. La tercera la abordó el primer gobierno de Franco mediante su primer ministro de Educación (Pedro Sainz Rodríguez). El primer marco ideológico para construir la cultura española desde la educación fue la erradicación del laicismo y la promoción oficial del integrismo católico en la versión de Menéndez Pelayo. Ni que decir tiene que la jerarquía eclesiástica compartió casi en pleno esta orientación.

Los falangistas pronazis (vinculados a Serrano Súñer) tacharon de clerical el bachillerato que se aprobó (para estudiantes de 10 a 16 años) porque limitaba la libertad absoluta del estado. Es significativo que se quejaran de lo mismo en la censura cinematográfica: ellos y sus amigos nazis no lograban retirar la influencia del clero que prohibía algunas de las películas (alemanas) que habían pasado la censura estatal. Si el espacio para la acción cultural lo definía la unidad de patria, de estado y de pensamiento, no había por qué introducir otras dimensiones en ese terreno. Desde luego, se exigía respeto a la religión católica porque constituía uno de los rasgos definitorios de la patria, pero sin sumisión a la jerarquía eclesiástica. Un viejo problema sin resolver: el acuerdo entre dos integrismos, ambos defendidos por católicos, para fijar las fronteras de lo correspondiente a César y lo propio de los representantes de Dios.

En estas coordenadas debe valorarse la importancia que para la vida cultural tenía el control de la censura y de la propaganda. No por la defensa del integrismo autoritario y confesional en el que todos los vencedores coincidían y que prácticamente nadie con otro enfoque pensaba siquiera en traspasar mediante obras autorizadas. Lo clave era en qué temas insistiría la prensa (diaria y revistas culturales), la radio, el teatro, los ciclos de conferencias subvencionados, las exposiciones, etc., para marcar en la práctica el tono de la ideología dominante. Lo paradójico era que esa disputa ideológica ni siquiera podía plantearse con radicalidad, porque aquel grupo de falangistas no podía decir (en público) que había que cerrar el estado a la influencia del clero y porque tampoco los integristas tradicionalistas podían sugerir siquiera que los otros eran heterodoxos (por emplear un término que apreciaban tanto).

Los dos polos que asumieron la defensa de estos dos enfoques en los inicios del franquismo, incluso antes del final de la guerra, se organizaron en torno a dos grupos de personalidades: los hombres de Serrano Súñer y los de Ibáñez Martín. Y estos constituyeron sus equipos alrededor de los ministerios que controlaban: interior y educación respectivamente. La evolución de la situación internacional y la actitud teatralmente beligerante de las juventudes falangistas acabaron por dar la victoria a los integristas católicos. Los falangistas sumisos ocuparon otros ministerios para que el equilibrio de poder entre las familias franquistas se mantuviera. Ibáñez logró el control de la censura y de la propaganda del régimen en 1945, que ya antes, en septiembre de 1942, habían perdido Serrano y los suyos. La larga permanencia de Ibáñez en esta cartera (de agosto de 1939 a julio de 1951) le posibilitó llevar a cabo una tarea de gran importancia en el campo de la cultura, de la investigación y de la educación.

El primer empeño del régimen se centró en el control de la información-propaganda, no en el de la cultura. Por eso el dominio de la prensa constituyó el primer campo de batalla. Ganaron inicialmente los hombres de Serrano, que establecieron un aparato censor y de control bastante similar al nazi. El carácter casi absoluto del mismo lo notaron especialmente cuando se hizo con él Ibáñez Martín. Para el resto de los españoles no hubo grandes diferencias.

La construcción del aparato ideológico fundamental se hizo mediante las leyes que organizaron la enseñanza: universitaria (1943), primaria (1945) y media (1949). Pero la construcción institucional de mayor calado y permanencia fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue muy probablemente la institución más aperturista e integradora, en la medida en que la ciencia podía ser ideológicamente aséptica con más facilidad y no se quiso prescindir de valores en la tarea de reconstruir la ciencia española. Creado en noviembre de 1939, incorporó los centros y, en la medida en que permanecieron en España, a los investigadores de la Junta de Ampliación de Estudios, además de sumar otras instituciones que habían impulsado la investigación en los diversos campos y los profesores universitarios de mayor prestigio que no se habían exilado. Inicialmente de Madrid y Barcelona, luego de otras ciudades universitarias.

Los vencedores ya habían manifestado durante la guerra hostilidad a los intelectuales. Este nombre se aplicaba primero a profesores universitarios, escritores, abogados, médicos y periodistas de orientación liberal y muy especialmente a los vinculados a la Institución Libre de Enseñanza, a la que se hizo responsable (nada menos) de la “antipatriótica” disolución de lo español. La práctica totalidad de los profesores liberales quedaron fuera de la universidad: muchos en el exilio; otros depurados y apartados temporalmente de su actividad docente universitaria. En términos generales el profesorado restante estaba vinculado al tradicionalismo cultural, enemigo secular del liberalismo. Este aspecto resultó clave porque fueron ellos quienes escogieron a los nuevos docentes de las universidades españolas en unos momentos en que era preciso reconstruir la institución. El nuevo régimen incluyó en todos los planes de estudio universitarios la asignatura obligatoria de religión. Pretendía ofrecer una fundamentación doctrinal católica y ética para ejercer la profesión que fuera. Pero nunca supuso una medida formativa eficaz.

Ibáñez Martín se enfrentó a la reconstrucción de la universidad española en su sentido más estricto. Primero, en el más directo: la re-edificación de muchas de las sedes (la madrileña, por ejemplo). Segundo, en sus recursos docentes e investigadores. La universidad española se dividía en doce distritos de muy desigual importancia (desde Madrid a Oviedo o Murcia), cada uno con su “capital” y con su oferta de facultades bien delimitadas: Medicina, Derecho, Ciencias, Filosofía y Letras y Farmacia. De modo paralelo las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería y Arquitectura formaban a la elite de la elite. Aunque unas y otras formaban a lo más granado de los profesionales y de la administración pública, ingenieros y arquitectos presumían, con fundamento, de ser los mejor preparados y así lo reconocía la administración que los incluía en sus filas superiores apenas terminados sus estudios. Unas y otras, desde 1940 no superaron los cuarenta mil estudiantes. Constituían alrededor del 1,5% de la población total. El porcentaje de mujeres sobre el total de estudiantes en las aulas universitarias (en las Escuelas Técnicas apenas hubo alguna) se movió alrededor del 10% durante la década. Barcelona, Zaragoza, Valladolid, Salamanca, Sevilla, Granada, Valencia, Murcia, Oviedo, Santiago, La Laguna y Madrid encabezaban los distritos.

Las depuraciones durante la Guerra en las dos retaguardias afectaron de modo directo a los profesores de la “otra” España en cada zona. En algunos casos por partida doble (Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Murcia y Oviedo). Eran muchas las cátedras vacías –algo relativamente similar a nuestras actuales direcciones de departamentos– que exigían titulares en un país centrado en una guerra y con las universidades cerradas durante tres cursos.

Los primeros remedios fueron de urgencia. Lo primero fue recuperar el tiempo perdido por los estudiantes movilizados. Entre junio de 1939 y julio de 1940 se pudieron realizar dos años y medio de carrera. Ni que decir tiene que no faltaron exámenes patrióticos en los que se consideraron méritos intelectuales suficientes las acciones de guerra o el patriotismo demostrado en los campos de batalla o, sobre todo, en las oficinas de Falange. Los cursos de doctorado y las realizaciones de tesis doctorales también pudieron adelantarse. Como en otras ocasiones en nuestra historia, quien dispuso de las titulaciones exigidas (el doctorado), presentó un perfil ideológico no excluyente (eran tradicionalistas) y pudo presentar un mentor lo suficientemente posicionado, accedió a estos puestos. Quienes fueron capaces de centrarse en la realización de su tesis y terminarla; preparar un temario de una asignatura y contar con un catedrático que le apoyara, pudieron acceder –normalmente muy jóvenes, sin cumplir los treinta años en muchísimos casos– a una cátedra universitaria en la que se mantendrían prácticamente hasta los años ochenta. Probablemente fue la generación de catedráticos con mayor influencia en la historia de nuestra universidad contemporánea.

Las familias políticas franquistas centraban su lucha en conseguir la mayor proximidad posible al Caudillo, única fuente real de poder. Los nombramientos políticos de segunda línea (secretarios de estado, directores generales, subdirectores generales, etc.) los hacían los ministros que nombraba Franco. Lo mismo ocurría con los diversos cargos provinciales y locales. El acceso a la administración se convirtió en campo de actividad política, por constituir parte de los cursus honorum de quienes aspiraban a integrarse en la clase política. Se dio así la paradoja de que sin apenas elementos ideológicos dispares (especialmente desde la separación de Serrano) se produjeran serios enfrentamientos en la periferia del poder: el ingreso en los altos cargos de la administración, entre ellos (aunque no sólo) las cátedras universitarias.

Las nuevas elites se prepararon para regenerar el país desde sus particulares puntos de vista y sobre todo desde la cima de la actividad académica e investigadora. Y empezó la disputa de las cátedras y de los pensionados para formarse en el extranjero como investigadores. El estrechísimo margen de diferenciación ideológica entre los planteamientos de los candidatos era casi ridículo. Con frecuencia se referían a cuestiones casi metafísicas (al menos en el planteamiento) sobre “el ser de España” y sus consecuencias en la vida de los españoles, que lamentablemente andaban alejados de tales cuestiones, acuciados por el hambre y la carencia. Más aún desde 1945. Estas “tormentas en vasos de agua” se vieron, por la pequeñez y aislamiento intelectual de los promotores, como auténticas galernas en las que se dilucidaba –en cada una de ellas– el futuro de la cultura y de la ciencia española, o poco menos. El paso del tiempo puso de manifiesto que ninguna de ellas era para tanto.

Por otra parte, y durante mucho tiempo, el intento de construir una vida intelectual española vinculada a las paralelas en Europa se encontró con las limitaciones de la propaganda política de las potencias más cercanas al régimen (la Francia de Vichy, la Alemania nazi y la Italia fascista) y la sospecha que suscitaba toda defensa de la libertad, incluido el pensamiento conservador anglosajón. En resumen, el debate propiamente intelectual en la España de los cuarenta apenas existió antes de 1945. Desde entonces se centró en aspectos castizos de nuestro ser histórico (en revistas culturales subvencionadas de muy limitada circulación) y siempre vinculado a la conquista de posiciones en los altos cuerpos de la administración: jueces, notarios, registradores de la propiedad, abogados del estado, cuerpo diplomático y cátedras universitarias.

CONCLUSIÓN

La generación emergente en los años cuarenta fue la que combatió en la Guerra Civil, preferentemente en el bando franquista. Completaron su formación en los primeros años de la década y en términos generales puede hablarse de una generación precoz: asumieron la reconstrucción de un país destrozado, conformaron la primera generación de profesionales (médicos, abogados, periodistas, economistas, ingenieros y arquitectos entre otros) y de la nueva administración pública. Su protagonismo llega hasta los años de la Transición Política tras la muerte de Franco (1975). Entre ellos estuvieron también las mujeres y hombres del Opus Dei que pondrían las bases de la expansión de la Obra, primero por España y luego empezarían la internacional.

Como suele ocurrir, es llamativa la disparidad de intereses entre las preocupaciones de alto nivel de entonces (las inquietudes y las luchas políticas, los afanes culturales, los enfrentamientos sobre lo esencial de España, los titulares de la prensa y los “grandes” acontecimientos que mostraban los noticiarios cinematográficos) y lo que ahora interesa a la comunidad de historiadores al estudiar aquellos años. Las diferencias políticas y de enfoque cultural eran mínimas, aunque en aquellos años se consideraran abismales. En fin: la España de los cuarenta era un mundo estrecho por muchos conceptos. Por la primacía de lo provinciano, antes del gran éxodo rural de la década de los cincuenta; por el aislamiento cultural, muy notable hasta 1945, pero importante también después; por la deficiente integración de transportes, que dificultaba las comunicaciones; por el retraso del país en términos de cultura y tecnología…

Resulta difícil entender como en esas circunstancias cuajara con plenitud un modo nada estrecho no solo de ver las cosas, sino de vivirlas. Con amplitud de miras para vivir en cualquier ciudad y cambiar frecuentemente de lugar de residencia en España; para viajar al extranjero y establecerse allí como un natural más del país; para reorientar la actividad profesional. Más aún entre las mujeres, que hubieron de ganar una “normalidad” de vida propiamente moderna que ni la cultura, ni las costumbres, ni el Código Civil toleraban por entonces: ganarse la vida por su cuenta mediante el ejercicio de una actividad profesional, independencia de su familia y construcción personal de su vida dentro o fuera del matrimonio, capacidad de poner en marcha iniciativas con independencia de los varones...

Julio Montero-Díaz. Catedrático de Historia de la Comunicación. Vicerrector de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja. Ha dirigido varios proyectos competitivos de investigación sobre los medios de comunicación y el entretenimiento durante el franquismo. Es autor de los tres capítulos correspondientes a la vida política durante el franquismo (pp. 661-741) en Javier Paredes (coord.), Historia contemporánea de España siglo XX, Barcelona, Ariel, 2008, y ha dirigido la obra colectiva Una televisión con dos cadenas. La programación en España (1956-1990), Madrid, Cátedra, 2018. También, con María Antonia Paz ha escrito Lo que el viento no se llevó. El cine en la memoria de los españoles (1931-1982), Madrid, Rialp, 2011 y La larga sombra de Hitler. El cine nazi en España (1933-1945), Madrid, Cátedra, 2009.

e-mail: julio.montero@unir.net

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Occhiello

La España de los años cuarenta: contexto político, social, religioso y cultural